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2 de cada 3 personas en edad de jubilación conviven con al menos 2 enfermedades crónicas, siendo un 80% de estos usuarios de algún tipo de servicio sanitario o recurso social. No obstante, habitualmente los Planes de Cuidados excluyen a los servicios sociales municipales, por lo que estos deben operar de forma asíncrona y paralela. Si los servicios sociales municipales detectan alguna situación relevante, dada la cercanía con el usuario, no disponen de cauces suficientes para comunicárselo al equipo médico a fin de adaptar y optimizar el Plan de Cuidados, y en la mayoría de los casos, se depende de una comunicación offline y en papel para sostener el circuito asistencial.

Por otro lado, los usuarios de servicios socio-sanitarios deben seguir una larga cadena burocrática para poder iniciar la tramitación de los recursos a los que tienen derecho. Y, una vez lo consiguen, ni el paciente ni los familiares pueden participar del circuito asistencial de ninguna forma, lo que genera confusión, desmotivación y percepción de una baja calidad del servicio recibido.

En este contexto, la adopción de un modelo de coordinación socio-sanitaria representa una doble oportunidad: por una parte, la de optimizar los recursos públicos destinados a la atención de las personas con enfermedades crónicas o en situación de dependencia y, por otra, la de avanzar en una atención más eficaz, con su centro de acción en las personas y sus necesidades y con base en la generación de una nueva cultura del cuidado. El momento requiere un impulso y una apuesta decidida que permita que la coordinación socio-sanitaria sea una verdadera realidad en nuestro país que nos sitúe a la vanguardia de los sistemas de salud.